Contexto

La inmensidad del territorio de Brasil (que representa el 60 por ciento del subcontinente sudamericano) y sus niveles de pobreza y desigualdad social requieren un aumento igualmente importante de las acciones judiciales contra la trata de personas y la explotación sexual, lo cual hace aún más difícil luchar contra la trata de personas. Habida cuenta de las proporciones del problema, toda respuesta eficaz en materia de cumplimiento de la ley y de acciones judiciales debería incluir una extensa colaboración y compromiso por parte de los organismos gubernamentales (en los tres niveles institucionales que existen en Brasil), las organizaciones de empleadores y el sector privado, los sindicatos, la comunidad de organizaciones no gubernamentales, y el público en general con el fin de respaldar directa o indirectamente los esfuerzos para luchar contra la trata de personas, el turismo sexual y las actividades de explotación sexual.

Como se indica más arriba, Brasil ya cuenta en gran medida con el marco legislativo pertinente. El marco institucional del Gobierno de Brasil es muy elaborado y se han diseñado varias políticas y programas para prevenir y acabar con el comercio sexual y la explotación laboral derivados de la trata de personas. Del mismo modo, Brasil cuenta con una dinámica sociedad civil que ha contribuido a integrar con carácter prioritario en la agenda política, el crimen que constituye la trata de mujeres y hombres, niñas y niños.

Sin embargo, es necesario acabar con la impunidad y formular respuestas que permitan actuar con todo el rigor necesario en el momento de hacer cumplir la ley y de proceder a acciones judiciales para luchar contra la trata interna e internacional de personas en Brasil.

El proyecto

El proyecto contribuirá a luchar contra la trata de personas en Brasil formulando respuestas que permitan actuar con el rigor necesario para hacer cumplir la ley y aumentando la capacidad de las organizaciones públicas y de la sociedad civil, en los planos federal, estatal y municipal, para hacer cumplir la ley y aplicar políticas y programas de lucha contra la trata de personas. Para alcanzar este objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias paralelas:

• Ampliar la base de conocimientos para ayudar a hacer cumplir la ley y aplicar las políticas y programas de lucha contra la trata de personas;
• Reforzar la capacidad nacional para hacer cumplir la legislación, juzgar los casos de trata de personas y revisar el marco normativo, de conformidad con las normas internacionales del trabajo y la legislación nacional, así como otros convenios internacionales pertinentes ratificados por Brasil;
• Promover la cooperación técnica bilateral y multilateral y los acuerdos para luchar contra la trata de personas;
• Integrar las cuestiones relativas a la lucha contra la trata de personas en las políticas, programas y planes sociales existentes;
• Aumentar las actividades de sensibilización y la movilización de los actores clave en las campañas para la prevención de la trata de personas y en las acciones para prestar cuidados a las víctimas de la trata.

Si bien este proyecto es principalmente de carácter nacional, la OIT y sus interlocutores seleccionarán varias municipalidades y estados en los que se han de promover modelos de colaboración entre organizaciones clave para el cumplimiento de la ley y organizaciones de la sociedad civil a fin de luchar contra la trata de personas (intervenciones piloto).

Las intervenciones en materia de formación y aumento de la capacidad — basadas en normas de la OIT y en otros convenios internacionales, tales como el Protocolo de Palermo — se centrarán, entre otras cosas, en el aumento del número de mujeres y hombres, niñas y niños rescatados por la policía federal, la patrulla federal de carreteras, las policías estatales, la policía fronteriza, los funcionarios de inmigración y otros organismos que se ocupan de hacer cumplir la ley, así como en el aumento del número de víctimas de esta trata rescatadas y apartadas de la explotación sexual con fines comerciales y del trabajo forzoso. El objetivo que se busca, mediante la colaboración de fiscales y jueces, también consiste en aumentar el número de acciones judiciales contra la trata de personas y en identificar redes y mecanismos a los que puedan remitirse las mujeres y los hombres, las niñas y los niños que han sido víctimas de la trata, a fin de brindarles programas de protección y asistencia y refugios.

Antes del inicio de las intervenciones relacionadas con el aumento de la sensibilización y después de las mismas, la OIT recabará datos sobre conocimientos, actitudes y prácticas, encuestas de referencia, evaluaciones ex-post y ex-ante, así como análisis de las insuficiencias de los servicios jurídicos y encargados de hacer cumplir la ley, a fin de mejorar y medir la eficacia y el impacto del conjunto integrado de intervenciones en los estados y las municipalidades.

Con arreglo al artículo 9 del Protocolo de Palermo, los países establecerán políticas, programas y otras medidas generales de prevención y lucha contra la trata de personas y de protección para que las víctimas no vuelvan a ser sometidas a la trata de personas. La OIT considera que la inclusión de estrategias de lucha contra la trata de personas en las políticas y programas sociales actuales es muy importante para ayudar a prevenir estas prácticas y para obtener mayor respaldo y asistencia para las mujeres, hombres, niñas y niños que son víctimas de la trata de personas con fines de comercio sexual o de trabajo forzoso.

Los derechos de las víctimas de la trata de personas están claramente establecidos en el artículo 6 del Protocolo de Palermo. Los países deberían proporcionar apoyo físico, psicológico y social a las víctimas, con inclusión de cooperación con organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Deberían tenerse en cuenta la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas (tales como la raza en el caso del Brasil). Además, las víctimas deberían recibir una indemnización por los daños sufridos. Deberían adoptarse medidas para evitar la deportación inmediata y, en los casos de repatriación, debería garantizarse la seguridad de las víctimas (artículos 7 y 8).

Sobre la base de la experiencia adquirida en los diez últimos años en Brasil, la OIT proporcionará asistencia para revisar la legislación nacional y las maneras de enfocar la seguridad y la protección de las víctimas porque ello permitirá aumentar el número de acciones judiciales que lleguen a buen término. Gracias a este proyecto, la OIT trabajará con la ONUDD para cooperar con las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales a fin de elaborar programas de protección de las víctimas.