Los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza. Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas. La creciente competencia en el sector de los servicios públicos de suministro en los últimos años ha conllevado cambios en los marcos normativos y estructuras de responsabilización de las empresas, además de la diversificación de las actividades empresariales. Estos cambios han tenido efectos en la seguridad del trabajo y las condiciones de trabajo en el sector. Una formación y unos niveles de dotación adecuados en la utilización de las nuevas tecnologías son importantes para asegurar la eficiencia y la seguridad en el lugar de trabajo.

El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de estrategias conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar los servicios públicos de suministro, con el objetivo común de lograr que todas las comunidades pueden acceder a los servicios, de mejorar la eficiencia de los servicios, y de y examinar los aranceles y otras fuentes de recaudación de ingresos. Una de las cuestiones clave en el sector de los servicios públicos de suministro es la necesidad de respetar los convenios internacionales que protegen la libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva, y evitar interrupciones en la prestación de servicios públicos de suministro en la medida de lo posible.

La edad promedio de los trabajadores del sector está aumentando en algunos países, y existe un enorme desequilibrio de género en algunas ocupaciones, lo cual plantea desafíos a los empleadores en relación con la planificación de los recursos humanos. Lograr que el empleo en el sector sea accesible y atractivo para las mujeres y hombres jóvenes puede ser un modo de afrontar los desafíos en materia de contratación que plantea el envejecimiento de la fuerza de trabajo. Asimismo, el establecimiento de programas de formación nacionales o específicos para el sector, y la inversión en los trabajadores mediante la formación profesional y mecanismos de aprendizaje permanente pueden ser fundamentales al responder a las demandas de la industria en lo que respecta a las necesidades en continua evolución en materia de calificaciones.