ESTADO DE MARANHAO, Brasil (OIT EnLínea) - El mes pasado la policía y funcionarios del gobierno liberaron a 318 trabajadores rurales retenidos en condiciones de esclavitud, en el noreste del Brasil, la región más pobre del país. Durante la búsqueda que duró ocho días, la policía y funcionarios del Ministerio del Trabajo descubrieron 121 retenidos sin salario en tres fincas del estado de Maranhao.

Tras completar la operación exigieron a los propietarios de las fincas pagar a cada trabajador dos meses de salario mínimo, 700 reales (330 dólares). Además les pusieron una multa por 100.000 reales (46.420 dólares) o su equivalente en ordenadores y cámaras para el Estado. El equipo audiovisual es utilizado por las autoridades locales para controlar las fincas.

Ese mismo mes en el vecino estado de Tocantins, una inspección de rutina de las condiciones de laborales encontró otros 197 trabajadores agrícolas obligados a vivir en carpas sin agua, electricidad o salario. Al propietario de la finca se le exigió que pagara 130.000 reales (60.345 dólares) a los trabajadores.

Desde el momento de su liberación, estos trabajadores participan en programas de ayuda del gobierno y regresaron a sus estados de origen. El Ministerio del Trabajo de Brasil dijo que alrededor de 18.000 trabajadores fueron liberados de una vida en condiciones de esclavitud desde 1995.

Según la ley de Brasil, el trabajo forzoso comprende el trabajo degradante obtenido mediante coerción, esclavitud por deudas o amenazas a miembros de la familia. La pena es de hasta seis años de prisión y multas de al menos 250 reales (116 dólares) por cada trabajador retenido.

En este informe preparado para la Reunión Regional Americana, la OIT establece el objetivo de reducir de manera significativa el trabajo forzoso en América Latina.

"Podemos alcanzar este objetivo si hay una fuerte voluntad por resolver el problema", dijo el experto en trabajo forzoso de la OIT Roger Plant. "Los gobiernos y los interlocutores sociales en países con trabajo forzoso deben tomar conciencia de la situación de esos trabajadores y emprender acciones legales, en especial contra la impunidad de aquellos que perpetúan el trabajo forzoso".

El informe de la OIT identifica además la necesidad de programas especiales para la economía rural, campañas de concientización nacional y sistemas de inspección laboral más fuertes. Países como Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú que tienen una consistente población indígena deberían considerarla como un obejtivo prioritario, explica el informe.

Brasil está a la vanguardia en la lucha contra el trabajo forzoso

"Brasil no sólo utiliza sus estructuras institucionales en la lucha contra el trabajo en condiciones de esclavitud sino que también ha logrado comprometer a la sociedad civil en su erradicación. Las experiencias llevadas a cabo en los últimos años demuestran que es posible erradicar el trabajo forzoso en América Latina si los trabajadores, los empleadores y el gobierno local y nacional están involucrados a través del diálogo social", dijo Plant.

"Como consecuencia del liderazgo de Brasil", agrega, "observamos ahora que otros países de América Latina dan pasos significativos para intensificar la acción contra el trabajo forzoso. Perú estableció un Comité Interministerial para la Erradicación del Trabajo Forzoso orientado a la formulación de políticas y de un plan de acción para contrarrestarlo. En Bolivia, la Comisión Nacional contra el Trabajo Forzoso fue creada en diciembre 2004 y desde entonces ha identificado medidas para combatir la servidumbre por deudas en diferentes regiones. En Paraguay, el gobierno fortaleció hace poco las inspecciones laborales en un área con documentada incidencia de trabajo forzoso y servidumbre por deudas. Estas son todas señales de una renovada determinación en América Latina de luchar contra el trabajo forzoso y establecer nuevas estructuras para enfrentar el problema".

En Brasil una campaña nacional contra el trabajo forzoso, creada en 2003, ha recibido 11 millones de dólares hasta el momento. El gobierno estableció una Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo (CONTRAE) y creó un plan de acción nacional contra el trabajo forzoso. Como resultado de estas actividades y de una mayor cobertura por parte de los medios de comunicación entre 2002 y 2005, el número de nuevas denuncias sobre el tema aumentó de 1.900 por ciento.

Además, el gobierno creó una "lista sucia" de empresas que usan el trabajo esclavo las cuales no tienen derecho a recibir fondos públicos. Al inicio la lista contenía 65 tragresores, pero ahora son 188. Desde 2003, las víctimas rescatadas del trabajo forzoso reciben de manera automática seguro de desempleo y desde diciembre 2005 aquellos que tienen niños pueden beneficiarse del programa "Todos los niños a la escuela" (Bolsa Familia).

En mayo 2005 se firmó un Pacto Nacional contra el Trabajo Forzoso, coordinado por la OIT y el Instituto Ethos para la Resposabilidad Social, con un amplio número de empresas públicas y privadas en el cual se comprometieron a no comprar productos fabricados con mano de obra esclava. En diciembre 2005 la Federación de Bancos de Brasil (FEBRABAN) decidió suspender los créditos a compañías que estaban incluidas en la lista sucia del gobierno.

Además, este año los tribunales de Brasil establecieron pautas sin precedentes en la lucha contra la impunidad en el país: un juez en el estado de Pará sentenció al propietario de una finca a pagar una multa de 1,3 millones de reales (481.500 dólares) por daños morales como resultado del trabajo forzoso. La Corte Regional del Trabajo de Pará ordenó a otro propietario de una finca que retenía 180 personas, incluyendo nueve jóvenes y un niño, en condiciones de esclavitud a pagar 5 millones de reales (2,1 millones de dólares).

En diciembre 2005, en presencia del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la OIT y sus colaboradores de CONATRAE fue presentada la segunda fase de la campaña para la erradicación del trabajo forzoso en Brasil.

"Ahora es necesario consolidar estos esfuerzos para erradicar el trabajo forzoso en Brasil y poner en libertad entre 25.000 a 40.000 brasileros que trabajan en condiciones de esclavitud", concluyó Plant. "El mayor reto es el de reforzar la prevención, rescatar a las víctimas del trabajo forzoso y castigar a los que lo cometen. El accesso de la población a la educación y a los servicios básicos de salud, trabajo decente y oportunidades de ingresos son importantes en igual medida".

Nota 1 - Trabajo Decente en las Américas: una agenda hemisférica, 2006-2015, Informe del Director General, Décimosexta Cumbre Regional Americana, Brasilia, Mayo 2006.